¿Narcoterrorismo o Nueva doctrina Monroe?

El riesgo de una incursión militar de Estados Unidos en México.

En los últimos días, personajes clave del gabinete de Trump en Estados Unidos han comenzado a usar con más frecuencia un término inquietante: “narcoterrorismo mexicano"; Esta palabra, que combina el imaginario de la “guerra contra las drogas” con el de la “guerra contra el terrorismo”, prepara el terreno para algo más que simples operativos de seguridad: abre la puerta a justificar intervenciones militares más agresivas fuera de sus fronteras, en territorio mexicano.

En paralelo, asistimos a una especie de renovación de la Doctrina Monroe en clave del siglo XXI: la vieja idea de que América es “esfera de influencia” de Washington reaparece, ahora envuelta en discursos sobre seguridad regional, migración, fentanilo y estabilidad democrática. Cuando se menciona el caso de Venezuela o el papel de Estados Unidos en la presión contra gobiernos incómodos, surge inevitablemente la pregunta:

¿es creíble que, algún día, Estados Unidos intente una incursión militar en México con el pretexto de combatir a los cárteles?

Plantear el escenario no significa que sea inminente, pero sí que vale la pena analizarlo. Entender las implicaciones no solo ayuda a dimensionar los riesgos, sino también a reflexionar sobre el tipo de país y de región que queremos construir.

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Soberanía bajo presión: ¿seguridad hemisférica o intervencionismo clásico?

El punto de partida es el conflicto entre dos narrativas:

• Desde Washington podría argumentarse que los cárteles mexicanos son actores “narcoterroristas”, responsables de miles de muertes por drogas sintéticas en Estados Unidos, y por ello constituyen una amenaza directa a su seguridad nacional.

• Desde México y gran parte de América Latina, una incursión militar sería vista como una violación frontal de la soberanía, aun si se presentara envuelta en el lenguaje de la cooperación o de la “asistencia” en seguridad.

La Doctrina Monroe, formulada en el siglo XIX bajo el lema “América para los americanos”, históricamente ha significado algo más sencillo: el continente como zona de influencia de Estados Unidos. En la Guerra Fría se tradujo en golpes de Estado apoyados, intervenciones encubiertas y presiones económicas. Hoy, el lenguaje cambió, pero la lógica de fondo puede ser similar: seguridad, estabilidad y “lucha contra el crimen” como justificación para acciones unilaterales.

Una incursión militar en México, incluso limitada o “quirúrgica”, tendría un costo simbólico altísimo: confirmaría el regreso abierto al intervencionismo, ya no solo encubierto, sino militarizado y público, en contra de un socio económico clave.

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México hacia adentro: entre el hartazgo y el nacionalismo

Cualquier escenario de intervención debe pasar por un hecho básico: México no es un Estado fallido, pero sí un país con profundas debilidades institucionales y enormes desafíos de violencia criminal. El hartazgo social ante los cárteles, la corrupción y la impunidad es real.

Sin embargo, ese mismo hartazgo no se traduce automáticamente en apoyo a una acción militar extranjera. Al contrario:

• Una incursión de fuerzas estadounidenses muy probablemente generaría un cierre de filas nacionalista.

• Un gobierno mexicano que aceptara públicamente ese tipo de operación pagaría un precio político altísimo: sería percibido por amplios sectores como entreguista o subordinado.

• La oposición, los movimientos sociales y los actores nacionalistas aprovecharían el momento para denunciar la pérdida de soberanía, sin importar su postura previa frente al gobierno en turno.

Paradójicamente, los cárteles podrían intentar explotar políticamente la situación. No sería extraño que algunos grupos criminales trataran de presentarse —al menos en el discurso— como “defensores” frente a la injerencia extranjera, buscando legitimidad en comunidades donde ya tienen presencia económica o clientelar. No porque se vuelvan patriotas, sino porque entienden el poder del relato.

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El espejismo de la solución militar: lecciones de Irak y Afganistán

Quienes impulsan la narrativa del “narcoterrorismo” suelen sugerir que “con suficiente fuerza” puede neutralizarse a los cárteles. Pero la experiencia reciente de Estados Unidos en otras regiones del mundo cuenta una historia distinta.

En Irak y Afganistán, la enorme superioridad militar no se tradujo en una paz estable. Al contrario:

• Se fragmentaron los actores armados.

• Surgieron nuevas células y grupos, más pequeños y difíciles de rastrear.

• El resentimiento social alimentó nuevas formas de violencia.

Trasladado al contexto mexicano, un operativo militar extranjero podría:

• Desatar batallas urbanas y rurales en territorios densamente poblados.

• Romper equilibrios criminales, dando lugar a reacomodos violentos entre grupos.

• Aumentar los ataques simbólicos contra objetivos estadounidenses y contra instituciones mexicanas vistas como colaboracionistas.

Lejos de “acabar con los cárteles”, una estrategia basada principalmente en la fuerza bruta podría mutarlos, dispersarlos y, en muchos casos, hacerlos más impredecibles.

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Costos humanos, no solo geopolíticos

Detrás de cualquier discusión sobre estrategias de seguridad hay una dimensión que a menudo se relega a pie de página: la vida cotidiana de las personas.

Una incursión militar extranjera en México tendría un impacto directo en:

• Desplazamiento interno y migración: la intensificación del conflicto empujaría a miles de personas a huir de zonas en disputa. Irónicamente, una política pensada para “asegurar la frontera” podría incrementar los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

• Crisis humanitaria localizada: comunidades ya afectadas por la violencia criminal enfrentarían ahora el fuego cruzado entre cárteles, fuerzas mexicanas y, eventualmente, tropas extranjeras.

• Estigmatización territorial: ciertas regiones quedarían marcadas como “zonas narco”, vigiladas y militarizadas por largos periodos, con impactos en inversión, empleo y tejido social.

En el papel, los estrategas pueden hablar de objetivos, blancos y periodos de intervención. En la práctica, las operaciones militares se traducen en casas revisadas, caminos bloqueados, escuelas cerradas y familias que tienen que decidir, de la noche a la mañana, si se quedan o huyen.

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Relación bilateral: un socio estratégico convertido en campo de guerra

La relación entre México y Estados Unidos es hoy, ante todo, económica y socialmente interdependiente. Millones de mexicanos viven y trabajan en territorio estadounidense; cientos de miles de empleos en ambos lados dependen del comercio fronterizo, de las cadenas de suministro y del T‑MEC.

Transformar a México en un teatro de operaciones militares no es solo un riesgo ético o político, sino también un suicidio económico parcial para la región:

• El comercio se vería interrumpido por bloqueos, inseguridad en carreteras y puertos, y desconfianza de inversionistas.

• La cooperación en materia de seguridad —inteligencia compartida, operaciones conjuntas discretas— daría paso al imposición unilateral y al rompimiento de canales de diálogo.

• La opinión pública mexicana y latinoamericana vería a Estados Unidos no como un socio difícil, sino como un actor abiertamente hostil, lo que fortalecería proyectos políticos antiestadounidenses.

Lejos de estabilizar la región, una intervención así podría desencadenar una reconfiguración de alianzas: una búsqueda acelerada de respaldos en potencias extrahemisféricas (China, Rusia, entre otras) como contrapeso al poder estadounidense.

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¿Es probable este escenario?

Que algo sea posible no significa que sea probable. Para que una incursión militar abierta ocurriera, tendrían que alinearse varios factores:

• En Estados Unidos: un clima político dominado por sectores duros dispuestos a asumir enormes costos diplomáticos y económicos en nombre de la “seguridad interna”.

• En México: un nivel de crisis interna tan profundo que debilitara al gobierno hasta el punto de no poder o no querer resistir una intervención directa.

• A nivel internacional: un contexto en el que Estados Unidos sienta que puede asumir el costo de enfrentar condenas, sanciones simbólicas y un deterioro grave de su imagen en América Latina.

Hoy, el escenario más realista apunta hacia algo diferente: estrategias híbridas. Es decir:

• Presión económica y diplomática.

• Sanciones dirigidas a individuos y empresas vinculadas a los cárteles.

• Operaciones encubiertas, cooperación condicionada y presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, a veces con mayor margen del que se reconoce públicamente.

• Uso del discurso del “narcoterrorismo” para endurecer leyes, ampliar facultades de agencias de seguridad y justificar acciones cada vez más agresivas, sin llegar necesariamente a una invasión abierta.

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¿Qué nos toca discutir como sociedad?

Más allá de la especulación geopolítica, el debate sobre una eventual incursión militar de Estados Unidos en México nos obliga a mirar hacia adentro.

Si la narrativa del “narcoterrorismo” ha ganado terreno es, en parte, porque:

• La violencia criminal en México sigue siendo alarmante.

• Las instituciones encargadas de combatirla han mostrado graves fallas y complicidades.

• La frontera entre crimen, política y economía legal se ha vuelto difusa en demasiados espacios.

Frente a eso, la disyuntiva no debería ser entre intervención externa o status quo. La verdadera discusión es cómo construir un Estado capaz, con instituciones de seguridad y justicia que no requieran tutelas extranjeras ni permitan que el crimen organizado dicte las reglas en regiones enteras.

Al final, la pregunta de fondo no es solo si Estados Unidos podría algún día cruzar la línea de la intervención militar en nombre del “narcoterrorismo”.

La cuestión central es si México va a fortalecer sus propias capacidades políticas, institucionales y sociales para que esa amenaza —además de inaceptable— sea también innecesaria e injustificable ante los ojos del mundo.